Los senadores se encuentran emitiendo exigencias a las instituciones que reciben recursos públicos respecto a las obligaciones que deben cumplir, mismas que ellos no cumplen.
En torno a la Ley de Transparencia han pedido un periodo de cinco meses para poder solucionar el desastre administrativo que tienen además de la discrecionalidad de sus gastos y de esa manera, tras su prórroga especial, poder rendir cuentas como lo hace cualquier entidad pública.
Por su parte el presidente de la Cámara alta, Miguel Barbosa, indicó: “No hay forma de cumplir”.
Cabe señalar que el Senado posee un presupuesto al año de 4 mil millones y su ejercicio es opaco.
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Los motivos, por los cuales pasa esto, fueron revelados incluso por sus miembros: caos administrativo, opacidad, discrecionalidad en su gasto e incluso regímenes laborales y fiscales de excepción.
Parte de esta desorganización extrema quedó evidenciada por Roberto Gil, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), al expresar que los recursos para el pago de asesores se depositan directamente en las cuentas de los legisladores y se ejercen a cambio de recibos simplones que no poseen validez fiscal.
“No hay ninguna regla, por ejemplo, relativa al uso de recursos en materia de gestión legislativa. Ninguna. No dice en qué se puede gastar, en qué no, cómo se documenta, cómo se acredita, cómo se comprueba, cómo se lleva la contabilidad de esos recursos, no hay una sola regla. Es la discrecionalidad pura y dura”, señaló.
Por su parte el senador panista, Ernesto Ruffo, también indicó que el manejo de los recursos es opaco: “Al personal se le pide un recibo simple con copia de su credencial de elector, pero no es un recibo con validez fiscal. Estamos en un régimen fiscal de excepción”, expreso al explicar el pago de sus asesores.
A su vez Alejandro Encinas espetó que, debido a la ausencia de normatividad, hay “hoyos negros”.
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Mismos que permiten desviar los recursos públicos para el “pastoreo” de senadores o para contratar campañas en medios, tal y como lo ha hecho el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“El PVEM contrata espacios en los medios, los cines y espectaculares con dinero del Senado, y el PAN compra inmuebles que luego le renta al Senado”
“Los dos hoyos negros son el manejo de dinero en los grupos parlamentarios y el ejercicio del gasto en las áreas administrativas”, señaló al referirse al pago desigual que viven algunas comisiones legislativas.
Por su parte el Congreso estará siendo observado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) quien se encargará de vigilar el cumplimiento del calendario que el Congreso entregó para conocer las obligaciones de transparencia que la Ley General, renovada, le impone.
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Cabe recordar que el miércoles, cuando fue aprobada la Ley General de Transparencia, se agregó un artículo de último momento que permite al Senado tener sus “cinco meses especiales” para que el Congreso apruebe un programa de reorganización administrativa donde se fijaran plazos especiales para transparentar su información.
