Morelia, Michoacán.- Durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, fueron asesinados 161 defensores de derechos humanos de todo el país, de los cuales, siete casos corresponden a activistas de Michoacán, todos ellos de origen purépecha.
Durante la presentación de su informe “Desde la memoria… la esperanza”, integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República, revelaron que Michoacán junto a Veracruz, Ciudad de México y Estado de México ocupa el 5° lugar nacional en asesinatos a defensores de los Derechos Humanos durante el sexenio pasado, y en el caso de esta entidad, todos los casos ocurrieron durante la gubernatura de Silvano Aureoles Conejo.
El primero de los casos de represión de defensores michoacanos registrado durante la presidencia de EPN, corresponde a comuneros de Arantepacua, que se manifestaban en la ciudad de Morelia y fueron detenidos 38 de ellos.
Como respuesta a las detenciones, el 5 de mayo de 2017 los comuneros realizaron bloqueos en la Meseta Purépecha para exigir la liberación de sus compañeros, sin embargo, nuevamente fueron reprimidos por la Policía de Michoacán, hecho te dejó cuatro personas asesinadas, entre ellas un menor de edad: Santiago Crisanto Luna, Francisco Jiménez Alejandre, Luis Gustavo Hernández Coenete y Carlos Jiménez Crisosto.
El segundo caso, corresponde al de la defensora de los bosques del municipio de Cherán, Guadalupe Campanur Tapia, quien a pesar de haber sido asesinada por su pareja sentimental y considerarse como un feminicidio, fue incluida en el el listado de la Red debido a que su posición de mujer conllevó un doble riesgo para ejercer su activismo.
“Las mujeres defensoras de Derechos Humanos somos doblemente disyuntivas por ejercer doblemente la defensa de los Derechos Humanos de nosotras y el colectivo porque somos mujeres rompiendo los roles de género oponiéndonos a los patrones femeninos tradicionales, esto por supuesto conlleva un doble riesgo”, consideró Claudia Ignacio Álvarez, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
El tercer caso corresponde al asesinato de Tata Felipe Ramírez, defensor de la tierra y comunero del municipio de Los Reyes, crimen ocurrido el 20 de octubre de 2017 a manos del crimen organizado, de acuerdo a las autoridades ministeriales.
El cuarto caso se refiere a Jesús Álvarez Chávez, defensor del territorio en la comunidad de Nurio, quien fue asesinado el 22 de mayo de 2018.
De tal forma que en el periodo presidencial del priista Enrique Peña Nieto, siete defensores de origen indígena purépecha, seis hombres y una mujer fueron asesinados por la defensa del territorio y su forma organizativa.
En el caso de Guadalupe Campanur se capturó al responsable de su asesinato, sin embargo, en el resto de los casos no ha habido resultado de la investigaciones ni hay responsables detenidos.
En el informe de la Red se detalló que de los 161 casos de asesinatos de defensores, el 60 por ciento corresponden a defensores comunitarios; en lo que respecta a agresiones que no culminaron en homicidios, la mayoría de esos casos ocurrieron a manos de instituciones de Seguridad Pública estatales.
Ante el panorama descrito a través del informe de las organizaciones defensoras, los representantes de la Red consideraron que el mecanismo de protección de personas defensoras de Derechos Humanos es insuficiente.
Urge una política general de protección; actualmente se cuenta con un mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas la cual es inoperante, que no alcanza para la adversidad y la situación tan grave que estamos viviendo”, consideró Ángeles Hernández, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Los defensores señalaron que en los dos primeros meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado ocho asesinatos de defensores, por lo que consideran, la tendencia del sexenio anterior se mantendrá en el actual periodo, pues el esquema y modelo económico no cambiarán con el nuevo gobierno.