Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.- Con el propósito de decretar la amnistía a favor de quienes participaron o formaron parte de grupos de autodefensa y contra quienes se haya iniciado una investigación y se encuentren sujetos a un proceso penal o bien hayan sido sentenciados, la diputada Talía Vázquez Alatorre presentó al Pleno del Congreso local una iniciativa de Ley de Amnistía para autodefensas y comunitarios del Estado.
Esta propuesta que consta de 7 artículos, señaló la legisladora, se ajusta a los estándares internacionales como lo es el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que no procederán los beneficios de la presente cuando se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos.
Por disposición del Artículo 2, explicó, la amnistía se extiende a quienes se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, siempre y cuando entreguen los
instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos empleados en la comisión de los hechos delictivos.
De conformidad con el artículo 3, los beneficios de la amnistía solo operarán a favor de las personas detenidas entre el 7 de marzo de 2013 y el 10 de enero del 2015, siempre y cuando no hubiera violado de manera directa los derechos fundamentales de las personas.
El alcance de la amnistía, subrayó, es extinguir la acción penal y las sanciones impuestas, a excepción de la reparación del daño que hubieran ocasionado a terceros.
El tema de las autodefensas preocupa, expresó la legisladora al hacer uso de la tribuna, porque no es más que un reflejo de autoridades locales ausentes, que evade sus responsabilidades por lo que grupos que, cansados de la violencia, de secuestros, de extorsiones y vejaciones a sus familias, han usurpado sus funciones de brindar seguridad a los pobladores, además de eso habrá que destacar la rapidez con la que se han extendido; el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán aseveraba que en sus filas hay alrededor de 25 mil hombres armados.
Las autodefensas, argumentó, surgen como reacción a una situación de violencia extrema que superó la acción de las autoridades locales, con la finalidad de salvaguardar su seguridad personal, la de sus familias y su propio patrimonio, por lo cual, se justifica la expedición de una Ley de Amnistía para que el Estado olvide la acción penal y, en su caso, cese las sanciones impuestas a favor de quienes participaron en actos colectivos, ya que su acción no corresponde a la intención de cometer delitos, si no la legítima defensa y en un estado de necesidad ante el constante asedio de los grupos criminales.
Para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones de Seguriad Pública y Protección Civil y Justicia.
