En Michoacán la inseguridad y los enfrentamientos han alcanzado niveles de terrorismo doméstico, refirió Alejandro Fernández Rodríguez del Observatorio Ciudadano de Apatzingán, organización enfocada a dar seguimiento a los casos de desplazados en la región de Tepalcatepec y Tierra Caliente.
Ejemplificó que dicho terrorismo doméstico ha encontrado su más reciente expresión en el uso de explosivos contra la población civil, así como “atacar las viviendas de las familias y acusar a alguien sólo por ser familiar de tal o cual personaje y obligarlos a salir de sus comunidades”.
Este viernes fue presentada por la diputada Fanny Arreola Pichardo la iniciativa de Ley Prevención y Atención Desplazamiento Interno en el Congreso del Estado, documento que fue elaborado en consenso con organizaciones sociales y activistas en regiones michoacanas que se ven azotadas por la violencia y el operar de grupos delincuenciales, según se explicó en rueda de prensa.
Ahí Alejandro Fernández refirió que estadísticas conservadoras documentadas por el Observatorio Ciudadano con párrocos, profesores y autoridades de la región, señalan alrededor de 15 mil personas desplazadas, sin embargo existen datos manejados por la organización el Buen Samaritano A.C. que encabeza Gregorio López Gerónimo “El padre Goyo”, que hablan de 35 mil.
“El Observatorio surge como una iniciativa de la Sociedad Civil para documentar todas las situaciones que están aconteciendo no sólo en Apatzingán sino en los municipios colindantes; desde hace dos años nos integramos y comenzamos a documentar no sólo las estadísticas oficiales sino también las no oficiales, lo que no se denuncia, lo que no se dice, nos dedicamos a recoger testimonios de las personas que han sido víctimas de la violencia”.
Recordó cómo las autoridades inicialmente negaban el fenómeno del desplazamiento forzado en las zonas de conflicto, “ahora los enfrentamientos han alcanzado niveles de terrorismo doméstico, tenemos que decirlo con todas sus palabras”.
El activista subrayó que detrás de toda estadística existen personas víctimas de la violencia, gente “que tienen nombre, y cuando escuchamos sus historias, la barbarie con que fueron expulsadas, la degradación humana a la que han sido sometidas, cuando vemos a las madres de familia, a los niños, nos damos cuenta que es una situación verdaderamente complicada”.
“Como observatorio hemos acudido a todas las instancias de Gobierno para que cumplan con su mandato constitucional de brindar seguridad a todos los ciudadanos, hubo reuniones en las que incluso fuimos acusados de ser o proteger a tal o cual cártel, tuvimos que decir ‘no, nosotros somos ciudadanos que estamos preocupados por la situación que existe’”, apuntó.
