La toma de las oficinas federales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prevén esta semana agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato (SUTTEBAM), quienes insistieron en la falta de pago a 60 trabajadores del subsistema que la directora Cecilia Lazo de la Vega considera “irregulares” en su contratación al igual que en la falta de pagos de cuotas patronales a diversas instancias federales.
En la dinámica de acusaciones en contra de la titular de Telebachillerato desde que inició el año, Silviano Pérez Correa, dirigente del gremio, reiteró que prevalecen irregularidades tanto financieras, administrativas y hasta ”condiciones insalubres” en la oficina central de la dependencia en esta capital.
De acuerdo al dirigente, se mantiene la suspensión del pago a 60 trabajadores, quienes presuntamente fueron despedidos por Lazo de la Vega y ante un recurso de defensa, ganaron el laudo y la directora se niega a reinstalarlos al aducir que su contratación fue “irregular”.
En contra de la visión de que hay falta de recursos, dijo, la directora contrató a 10 personas, aunque a pregunta expresa no supo contestar bajo qué condiciones, además de que sumó a las irregularidades la presunta falta de entrega de documentos a egresados, aunque solo habló de un caso y cuando se le cuestionó que cuantos más existirían, señaló no saber aunque en términos generales afirmó que “hay muchos más”.
Pérez Correa mostró fotografías y un video de una fiesta de fin de año en el que hubo “descarez” (sic) y realizada “para distraer”, donde supuestamente se entregaron “regalos caros como Buchanan´s (una marca de whisky) y aparatos eléctricos”, aunque igual cuando se le pidió que en cuánto se calculaba el “derroche”, no dio ningún dato exacto, aunque “si se ve que gastó el dinero”, adujo en relación a las imágenes mostradas.
La toma de las oficinas federales del IMSSS, al igual que bloqueos en alcaldías y en casetas de autopistas, dijo, se mantendrán a partir de mañana, ello para presionar al pago de las cuotas patronales que, como lo ha venido diciendo, ascienden aproximadamente a 50 millones de pesos y ponen en riesgo el acceso a servicios médicos y a créditos para vivienda, en este caso por los adeudos al Infonavit.
