Revolución 3.0

En medio de la impotencia, pero con fe y hermandad, cientos de indígenas, estudiantes y maestros marcharon sobre las calles de Morelia para recordar un año desde el día aciago en que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) irrumpió en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen y asesinó a cuatro comuneros, a pesar de que la noticia se conoció en todo el mundo, aún no hay un responsables.

“Tenemos corazón, pero también tenemos coraje; si el Gobernador no hace justicia ¿está esperando a que la hagamos como se hace en nuestros pueblos, con nuestras propias manos?” vocifera un indígena ante las cámaras.

Fue el miércoles 5 de abril del 2017, cuando los policías asesinaron a cuatro indígenas desarmados: Santiago Crisanto Luna, de 39 años de edad; Francisco Jiménez Alejandre, carpintero de 70 años de edad; Luis Gustavo Hernández Coenete, de 15 o 16 años, alumno en primer año de Bachilleres; y José Carlos Jiménez Crisóstomo, de 25 años, casado, con una hija y estudiante de enfermería en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los cuatro murieron por efecto de las balas disparadas por la policía.

El crimen sigue impune, nunca se conocieron diligencias contra el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, como representante de las fuerzas armadas del Gobierno del Estado que irrumpieron en esa comunidad y dispararon contra la sociedad civil.

Ha transcurrido un año, desde entonces pareciera que las instituciones garantes de la justicia le apuestan al olvido; a la fecha ni siquiera están completamente integrados los expedientes periciales de las víctimas, sólo dos de cuatro tuvieron una necropsia, para las otras dos personas ni siquiera hubo un acta de levantamiento de los restos humanos.

Tampoco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un pronunciamiento ni ha efectuado exhorto alguno en relación a este tema, aunque representantes de esa institución acuden constantemente a la comunidad de Arantepacua, sólo dicen a los comuneros que “ya casi” estará listo un dictamen.

Por todo esto la comunidad decidió marchar por las calles de Morelia para gritar que no hay justicia. Más de 30 comunidades, estudiantes y maestros se sumaron esta protesta que pretendía ser pacífica, pero al llegar al centro de Morelia los comuneros encontraron el Palacio de Gobierno flanqueado por el cuero de granaderos.

Su sola presencia desató el coraje de la gente que marchaba pacíficamente, primero lanzándoles insultos como “malditos perros”, “asesinos”, pero luego los insultos cambiaron por naranjas y botellas de agua que arrojaban los indígenas, hasta que no pudieron contenerse y un grupo se abalanzó contra los uniformados.

Los más sensatos intentaban detener a sus compañeros para que la protesta no terminara en una nueva confrontación. Las señoras con el coraje en el cuello no dejaban de insultar a los policías, de desearles la muerte y de abofetearlos cada vez que podían acercarse; la primera fila de granaderos optó por cerrar sus cascos y levantar los escudos para evitar las agresiones.

Poco a poco los indígenas se tranquilizaron nuevamente cayendo a la razón de que no venían a confrontarse con los policías; pero uno de los líderes expresó que cuando le dijeron al secretario de Gobierno que harían una marcha pacífica, se acordó que no habría ganaderos precisamente para evitar este tipo de situaciones.

Así con una marcha simbólica, con una oración por las cuatro regiones indígenas de Michoacán, cada una representada por un punto cardinal y un color en la bandera purépecha, Arantepacua recordó un año desde la tragedia, cuando ellos sólo pedían la intervención del Gobierno del Estado para mediar el diálogo con la comunidad vecina de Capácuaro y resolver un problema de la tenencia de la tierra.

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Por: Francisco J. Torres