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A más de un año de los hechos, identifican a nuevo lesionado en caso Iguala; podría perder un brazo sin la atención médica necesaria

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Al presentar un informe respecto a las actividades que a la fecha ha realizado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en seguimiento a la agresión en contra de estudiantes normalistas en Iguala, funcionarios de esta dependencia revelaron que a más de un año de los hechos, el pasado 24 de septiembre, tuvieron conocimiento de otro estudiante lesionado de consideración, que está en riesgo de perder un brazo a causa de las heridas sufridas entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Julio Hernández Barros, designado por la CEAV como encargado del caso Ayotzinapa, trató de minimizar la responsabilidad de la dependencia argumentando que ni los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos ni la organización que los representa –el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)- había hecho de su conocimiento el caso; sin embargo, informó que el joven, del que no reveló la identidad, ya recibe atención médica encaminada a tratar de restablecer el funcionamiento de la extremidad.

Ante los integrantes de la Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, Hernández -junto con el titular de la dependencia, Sergio Jaime Rochín- informó de la creación de un Fondo emergente para la ayuda, asistencia y atención de las más de 250 víctimas directas e indirectas de la agresión perpetrada por elementos de la policía municipal de Iguala y Cocula, en contubernio con el crimen organizado, mismo que está dotado con un millón y medio de pesos y que tiene por objetivo “pagar traslados, servicios médicos, medicinas y algunas otras cosas que instituciones del Estado no pueden brindar”, a los involucrados que así lo soliciten.

Sin facultades, sin responsabilidades…

El presidente de la CEAV reconoció que por años las víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos han sido ignoradas o revictimizadas por las mismas autoridades que, en teoría, deberían ayudarlas.

Sin embargo, atajó las críticas al subrayar que “la Comisión Ejecutiva no es un órgano de procuración ni de administración de justicia, no indaga, no establece juicios, no exonera o culpabiliza; la Comisión Ejecutiva acompaña a las personas y garantiza el ejercicio de sus derechos”.

Respecto a las primeras diligencias que la dependencia a su cargo realizó en relación a la desaparición de los normalistas, Rochín informó que no fue sino hasta dos días después de ocurridos los hechos que se dio la primera comunicación con la Fiscalía General de Guerrero.

El 30 de septiembre de 2014, un equipo de la dependencia se trasladó a la zona para participar en el operativo de búsqueda de los estudiantes, en el que también participaron elementos de la Policía Estatal, Ministerial, del Ejército mexicano, Marina, Policía Federal y de la Comisión estatal de Derechos Humanos.

En su intervención ante los legisladores, Rochín informó que funcionarios de la dependencia a su cargo han sostenido reuniones con familiares de los jugadores del equipo de futbol Los Avispones, ante quienes presentaron un programa de atención integral.

Agregó que aunque también se reunieron con familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos, la reticencia de estos es mayor, pero que “la Comisión Ejecutiva entiende los límites impuestos, en una etapa inicial por los propios familiares y los representantes de los estudiantes desaparecidos, al condicionar al acceso a la verdad, los intentos de acercamiento institucional”.

El pasado 23 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe de la investigación del caso Iguala y sugirió a la CEAV, elaborar un estudio del impacto psicosocial -a nivel colectivo, familiar e individual- que los hechos pudieron haber generado en el grueso de la localidad, así como un programa de reparación integral en el que se preste especial atención a la reparación colectiva del daño.

El funcionario -que en repetidas ocasiones reiteró que la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong ha dado seguimiento y acompañamiento al caso Ayotzinapa- sostuvo que la interlocución con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido fluida y que “en todo momento hemos manifestado abiertamente que, por lo que hace a nuestra intervención, se dará cabal cumplimiento a todas sus recomendaciones”.

Las víctimas y su atención

Hernández Barros explicó que la CEAV dividió en tres grandes grupos las víctimas a las que la dependencia ha dado atención: el primero, el de los normalistas, que se subdivide entre los asesinados, heridos y los 43 desaparecidos. En este grupo se identifican a por lo menos 64 víctimas directas.

El segundo grupo está conformado por los jugadores del equipo de futbol, Los Avispones de Chilpancingo, entre quienes también hubo un fallecido, varios heridos y quienes fueron víctimas de tentativa de homicidio, al ser atacados en el autobús en el que viajaban. Dentro de este grupo se contabilizan 37 víctimas directas y 107 indirectas.

Por último, el tercer grupo está conformado por los civiles a los que alcanzó la agresión y que perdieron la vida: el chofer del autobús del equipo de futbol, un taxista y la mujer que viajaba como pasajera del vehículo de este último.

En el caso de los jugadores, el funcionario sostuvo que el plan de atención ha sido llevado de manera adecuada, lo que ha generado mejoras “sustanciales” a las víctimas, tras la atención psicológica, médica, de trabajo social y de canalización hacia otras instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre otras.

“El plan de atención a víctimas, en el caso concreto de Los Avispones, está prácticamente terminado y hemos comenzado la fase restaurativa, donde estamos aplicando, de manera integral, una reparación”, detallo.

Sin embargo, respecto a la atención a los familiares de los normalistas desaparecidos, reconoció que el plan “va más atrasado”, por el daño moral que la desaparición en sí misma implica, pues a su consideración es todavía peor que el homicidio.

La desaparición de una persona resulta más doloroso para su familia que incluso la misma muerte; la incertidumbre, el no saber qué es de ellos, el simple hecho de no conocer su paradero, causa mucho más dolor interno a las familias”, dijo Hernández Barros.

20 noviembre, 2015
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