Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Morelia, Michoacán. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) aceptó la denuncia presentada contra la Arquidiócesis de Tacámbaro que fue presentada por la comunidad de Santa Clara del Cobre, el pasado 26 de enero.
En entrevista para Michoacán TresPuntoCero, el abogado del Colectivo Emancipaciones que representa a los comuneros de Santa Clara, Orlando Aragón, aclaró que la aceptación es apenas el primer paso de la queja, pero implica que “consideran posible que haya habido discriminación en este caso”.
Como se recordará, los pobladores dieron a conocer que el obispo de la Diócesis de Tacámbaro, Gerardo Díaz Vázquez, está buscando reestructurar el modelo de organización de barrios que tienen en la comunidad, una estructura que forma parte de sus usos y costumbres.
Los principales afectados con dicha reestructuración son las cabezas de barrio, que son miembros de la estructura comunal encargados de la organización de fiestas patronales y conmemoraciones religiosas dedicadas a imágenes religiosas dentro de Santa Clara del Cobre.
“La organización está mucho antes de que llegaran el sacerdote y el obispo no tiene por qué meterse adentro de nuestra organización, nos la está acabando” reclamó Ernesto Pureco, uno de los jefes de barrio de la comunidad.
Debido a esto, el Colectivo Emancipaciones inició un proceso legal en contra de la Diócesis, mismo que ahora está siendo analizado por la Conapred.
Dirección de Asuntos Religiosos omisa
Además, el colectivo también pidió la intervención de la Comisión de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán en el caso, sin embargo, esta respondió que tardaría varias semanas en analizar el caso.
“Si recuerdan buscábamos que intercedieran para impedir la reunión en la que tratarían temas de reestructuración de la estructura barrial, al final esta reunión sí se llevó a cabo y nosotros recibimos una respuesta explicándonos que tardarían varias semanas en analizar el caso” recapituló Orlando Aragón.
Debido a esta omisión, el colectivo inició otro proceso penal en contra de la Dirección de Asuntos Religiosos por no haber intervenido en el asunto. De acuerdo con Orlando Aragón, este escrito de demanda fue entregado este miércoles 17 de febrero en las oficinas de Palacio de Gobierno pero los funcionarios se negaron a recibirlo.
“Ahora nosotros podemos presentar el escrito de demanda ante la Sala Superior con el agravante de que no quisieron recibirlo, ya sea por desconocimiento, por omisión o por dolo eso no lo sabemos” explicó el abogado.
Esto implica que el proceso se seguirá a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismo que desde la Reforma de 2011 tiene facultades para llevar a cabo juicios para la protección del derecho a la libre determinación de los pueblos.
