El envío de remesas de michoacanos residentes en los Estados Unidos son objeto de abusos por parte de bancos y empresas de envíos hasta en un 37.8 por ciento por el costo de las transferencias, por lo que es necesario romper este ciclo por parte de los mismos indocumentados a través del uso de la tecnología, destacaron participantes en el evento “Empoderamiento de Comunidades Transnacionales de Michoacán y California”.
Tras destacar por parte del titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Rodríguez Pérez, que el estado ocupa el primer lugar en el envío de remesas, con 2 mil 915 millones de dólares, por 4 millones 300 mil michoacanos residentes en el vecino país del norte, lo cual representa “más del 80 por ciento del presupuesto estatal”, el funcionario destacó que a la par se enfrenta el fenómeno de la repatriación, que estimó en más de 15 mil migrantes en retorno en 2017 y 22 mil en 2016, al igual que de niños deportados, principalmente de comunidades indígenas y de municipios de Tierra Caliente.
Raúl Hinojosa Ojeda, activista y académico de la Universidad de California, señaló que ante el discurso antimigrante de Donald Trump, está plenamente demostrada la importancia de la fuerza migrante en el impulso a la economía estadounidense; “no es el matón” que pinta el mandatario de EU, y sí en muchos aspectos “es muy explotado”.
Indicó que la relación entre comunidades transnacionales debe basarse en la cooperación y en la solidaridad, el académico estimó en casi 3 mil millones de dólares la fuerza de las remesas en total enviadas por migrantes residentes en Estados Unidos, de los que un 10 por ciento representarían los envíos de los michoacanos a la entidad, aspecto en el que destacó que por cuestiones de seguridad ante las políticas migratorias, los connacionales rehúyen a las instituciones financieras y optan por manejo de recursos en efectivo, no bancarizados, en más de un 90 por ciento de los casos.
Esta situación en el contexto financiero, señaló, a la par que genera abusos por parte de las instituciones bancarias y de empresas dedicadas al envío de transacciones por el cobro de comisiones elevadas -como el aplicar de 7 a 10 dólares por el cobro de un cheque o de 15 a 20 dólares por el envío de remesas-, deriva en que el migrante se vea fuera de esquemas de ahorro y de apoyos crediticios, situación que condena a 11 millones de trabajadores indocumentados en EU a laborar en condiciones de “semiesclavitud”.
Hinojosa Ojeda planteó el uso de tecnologías –que en el caso de Michoacán el gobierno estatal pretende aplicar con una aplicación a través del teléfono celular-, para romper lo que llamó “circulo vicioso, para entrar en un circulo virtuoso” y en el que bajo convenios con instituciones se pretendería asegurar los recursos de los migrantes así como aplicarlos en un fondo destinado a proyectos regionales y que abriría la puerta a los esquemas de ahorro y apoyo crediticio.
Otros ponentes, estudiantes de la UCLA, advirtieron que como empresas que ponderan la ganancia eminentemente, los bancos discriminan a los migrantes, tanto a trabajadores como empresarios, lo que a su vez aleja al trabajador transnacional del conocimiento y experiencia en los mecanismos operativos financieros, más aún para aquellos indocumentados con bajos recursos, así como el que se genera la desconfianza para acudir a los mismos por falta de documentos de estancia legal.
