María Amparo Casar, directora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) declaró que en materia de combate a la corrupción, en nuestro país “vamos como los cangrejos: transamos y no avanzamos”, lo que genera repercusiones negativas en materia económica, política y social.
La académica sostuvo que la corrupción es el enemigo público número uno de México, pues frena el desarrollo de la economía al derrotar a los emprendedores, disminuir la productividad, favorecer el rentismo e inhibir la inversión; además de generar desencanto entre la población, lo que se traduce en el debilitamiento de las instituciones y daño a su credibilidad.
Por si fuera poco, la corrupción disminuye el bienestar social, la eficiencia del gasto, agrava la desigualdad y limita la movilidad de los mexicanos; es decir, “tendríamos mejores oportunidades si la corrupción no afectara esferas como la de acceso a la salud y educación”, dijo la académica.
Sobre los costos económicos de la corrupción, las fuentes consultadas difieren respecto al porcentaje de pérdidas estimadas. Datos del Foro Económico Mundial documentan pérdidas del 2% del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que el Banco Mundial y el Consejo Coordinador Empresarial afirman que estas ascienden hasta el 10% del PIB.
Tomando en cuenta la media entre el porcentaje más bajo y el más alto de pérdidas del PIB (5%), y considerando que el año pasado el PIB de nuestro país ascendió a 17 billones de pesos, se puede calcular que México perdió en 2014, sólo por corrupción, 890 mil millones de pesos, lo que equivale en 87 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 7.7 veces el de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La corrupción también genera que nuestro país pierda inversiones hasta por 5% y entre las empresas se registran detrimentos en sus ventas anuales de la misma magnitud. Estas reducciones implican, al año, la pérdida de 480 mil empleos.
Más y más costos…
De acuerdo a la investigación del IMCO, entre las pequeñas y medianas empresas (Pymes) los sobornos para obtener contratos representan, en promedio, 4.5% de su valor, pero la cifra podría dispararse hasta 37%.
Los costos políticos de la corrupción son visibles si tomamos en cuenta que a pesar de los “avances” en materia electoral o de transparencia, únicamente 21% de la población refiere estar satisfecha con la democracia en nuestro país.
Hace apenas nueve años, en 2006, esta cifra era de 41%.
“Sobre los costos sociales encontramos que entre las poblaciones menos educadas y con peores indicadores de salud, los actos de corrupción son más comunes…la corrupción está aparejada con la desigualdad. Los menos favorecidos son más extorsionados por la corrupción”, sostuvo durante su exposición la académica.
En términos económicos esta afirmación se puede explicar si consideramos que un hogar mexicano promedio destina, anualmente, el 14% de sus ingresos totales a los sobornos; sin embargo, entre familias que solamente perciben un salario mínimo, este número se dispara a 33%.
“La corrupción es un impuesto regresivo. A mayor corrupción menor nivel educativo, a mayor corrupción, menor acceso a servicios de salud y peor, a mayor corrupción, mayor violencia…todos los años se registran más de 200 millones de pequeños actos de corrupción. Si restamos a la población infantil, todos los mexicanos cometemos un par de actos de corrupción diariamente y damos 32 mil millones de pesos en mordidas: 165 pesos por evento”, detalló Casar.
A este nada halagador escenario, es indispensable sumar la corrupción política, pero sobre todo la impunidad que priva en esta esfera, pues alrededor de 99% de los casos quedan sin ser investigados y mucho menos con castigos para los responsables.
“En los últimos 16 años, la prensa, además de reportar 30 mil actos de corrupción relativos al sector público, ha reportado 272 escándalos específicos a los que se les ha dado seguimiento. Sin castigo quedaron 91% y con castigo sólo 8%”, detalló Casar, aunque explicó que las reprimendas no son sanciones que inhiban comportamientos similares, pues generalmente pasan por expulsiones de los partidos políticos o porque estos “congelen” a sus miembros que se ven envueltos en algún tipo de problema.
La investigadora y analista explicó que durante el mismo lapso de tiempo, en México hubo 41 gobernadores acusados de algún acto de corrupción mientras que en Estados Unidos la cifra fue de nueve; sin embargo, en nuestro país únicamente se investigaron 16 de estos y las autoridades de nuestro vecino del norte hicieron lo propio con todos.
Las autoridades mexicanas detuvieron a cuatro probables responsables –que obviamente fueron puestos en libertad poco tiempo después- mientras que en Estados Unidos, se detuvo y sentenció a los nueve responsables.
Caída en competitividad
De acuerdo a un análisis realizado por el IMCO, nuestro país ocupa el lugar 36 de 43 países en el Índice de Competitividad Internacional 2015; es decir, de 2001 a la fecha, ha descendió cuatro lugares.
Rodrigo Gallegos, director de proyectos IMCO explicó que en México “no nos hemos recuperado desde nuestra caída en 2006, cuando detonó la ola de violencia, la corrupción y la desaceleración económica en varias regiones del país. Nos hemos estancado en una competitividad baja”.
El análisis advierte que en al menos 80% de los indicadores, nuestro país es calificado por debajo de la media internacional.
Por ejemplo, en el subíndice de Estado de derecho, aparece como una debilidad para México el costo que la delincuencia impone a los negocios, el porcentaje de homicidios y la desconfianza que generan las policías. Respecto al tema de medio ambiente, juegan en contra de nuestro país la falta de acceso al agua y las pocas áreas protegidas, además de la vulnerabilidad climática.
En lo que concierne al tema político, se identifican como debilidades el bajo índice en la libertad de prensa, la interferencia militar, así como la poca estabilidad y libertades políticas.
Respecto al rubro de “gobierno”, persisten debilidades como el alto porcentaje de tiempo para calcular y pagar impuestos, además de una mala calidad en lo que se ha denominado “gobierno electrónico”.
Entre otras debilidades se encuentra el alto índice de informalidad en la economía, el bajo crecimiento de la productividad y “una agricultura que prácticamente no agrega valor”, detalla el informe.
