Sarai Díaz / @Sarai3_0
Morelia, Michoacán.-Tras confirmar que hubo uso excesivo de la fuerza y ejecución extrajudicial por parte de la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones que consideró como «graves» por los sucesos ocurridos el pasado 6 de enero en Apatzingán, donde nueve personas perdieron la vida.
De acuerdo al informe del organismo, los ataques se desarrollaron en dos eventos, el primero, entre las 2:30 y las 7:40 horas, y el segundo entre las 7:41 y las 11:31 horas. En este último fue donde se cometieron diversas irregularidades, declaró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
La recomendación 3VG/2015, donde se integra que hubo violaciones graves a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza que provocó la muerte de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de una persona, también agrega otros hechos que no se consideraron como violaciones graves a los derechos humanos, atribuibles a servidores públicos federales y locales.
Esta fue dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad, al Gobierno de Michoacán y la Presidencia Municipal de Apatzingán.
Para la revisión del caso, la CNDH conformó un equipo de especialistas integrado por peritos de medicina forense, criminalística, planimetría y psicología, así como visitadores adjuntos, los cuales se encargaron de las investigaciones por medio de las evidencias y la documentación, así como en el análisis del campo.
El informe no sólo comprobó que se cometieron diversas irregularidades como que las víctimas se encontraban desarmados, sino también en el levantamiento de los cadáveres.
La masacre del Día de Reyes
El pasado 6 de enero durante un operativo para quitar a los autodefensas quienes mantenían tomadas las instalaciones del Ayuntamiento de Apatzingán, elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano ejecutaron a nueve personas.
La versión oficial es que murieron sólo ocho personas en «fuego cruzado», cuando los civiles armados atacaron a los uniformados quienes se disponían a llevar los vehículos decomisado al corralón, según informó Alfredo Castillo a los medios de comunicación.
Sin embargo de acuerdo a algunos testigos, los manifestantes intentaban rescatar a las 44 personas que habían sido detenidas “nosotros no llevábamos armas, sólo queríamos que nos dijeran a dónde se llevaban a nuestros compañeros, porque luego los desaparecen”, mencionó uno de los testigos.
El 15 de enero fueron liberados 43 de los 44 detenidos, 38 de ellos porque no se les encontró elementos que comprobarán que portaban armas de fuego, mientras que el juez dictó auto de formal prisión a seis, de los cuales cinco obtuvieron libertad provisional porque el delito que se les imputaba no era grave.
