En nueve años, 548 recomendaciones por casos de violaciones a Derechos Humanos, han sido las recibidas por el gobierno federal, de parte de organismos nacionales e internacionales. Las mayoría de éstas se han enfocado en distintos casos de tortura y tratos crueles, lo anterior ha sido expuesto por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) el cual ha realizado un informe titulado: Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción.
Recientemente, en el marco de su visita por el país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió su informe sobre la situación de derechos humanos en México así como una serie de recomendaciones. El mensaje central del reporte es claro: “México se encuentra inmerso en una crisis en materia de derechos humanos”. El informe del Comisionado es congruente con una serie de reportes previos provenientes de diversas fuentes: el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos crueles; el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
Todos los anteriores coinciden en el diagnóstico del problema: “el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar la protección de derechos humanos en el contexto de violencia en el país. Además, en ocasiones, la violación ha provenido de las mismas autoridades federales, estatales y municipales”, puntualiza CIDAC.
Con ello también asevera que la administración de Enrique Peña Nieto ha insistido en negar los diagnósticos de los distintos organismos en materia de derechos humanos, como si ello fuera suficiente para evadir la realidad, además de hacer caso omiso a las recomendaciones. Enfatizando que el cumplimiento de un número considerable de estas recomendaciones continúa pendiente.
Por ejemplo, de las 12 recomendaciones emitidas por la CIDH entre 2000 y 2013, el 50 % de éstas aún no han sido atendidas. Más allá de los pendientes, lo preocupante es que a pesar de las acciones formales que ha tomado el Estado mexicano (ratificación de tratados, aceptación de la competencia de organismos como la Corte Interamericana y reformas legales) los efectos no han sido los esperados. Por ello, es momento de replantear los mecanismos de solución.
“Queda claro que no es suficiente reforzar la regulación si no se acompaña de un verdadero esfuerzo por reducir los altos índices de impunidad además de acciones preventivas integrales que atiendan todas las dimensiones del problema: desde brindar capacitación integral a los servidores públicos hasta replantearse la efectividad de la política criminal y de seguridad”, sentencia CIDAC.
Además enfatiza que la ruta crítica está trazada por las recomendaciones de los organismos internacionales: “la respuesta hacia la crisis de seguridad debe ir necesariamente acompañada de un fortalecimiento al respeto a los derechos humanos. No obstante, la ausencia de un planteamiento integral que incluya un fuerte componente de derechos en la agenda de seguridad pública y el enfoque reactivo del gobierno mexicano, refuerzan la posibilidad de que el imaginario colectivo se apropie de soluciones de ‘mano dura’. Es decir, acciones que bajo la promesa de reducir la delincuencia comprometan el respeto a los derechos humanos de los delincuentes”.
Lo anterior provoca, según el organismo, soluciones erradas, como la propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que prometían la “pena de muerte o cadena perpetua a secuestradores”. “Es decir, las alternativas a los crecientes niveles de inseguridad y la falta de solución por parte del sistema de justicia a la mayoría de las denuncias, han llevado a que sectores de la sociedad respalden este tipo de medidas; lo cual evidencia los riesgos de respuestas autoritarias ante la indolencia, incapacidad o colusión gubernamental”.
Sobre el tema, de acuerdo a los datos de LAPOP (Latin American Public Opinion Project), “es evidente como el discurso de la mano dura es, peligrosamente, cada vez más popular entre la sociedad. Si comparamos los datos de 2008 y 2014 observamos que el 26 y 29% de la sociedad, respectivamente, considera que en México hace falta un gobierno de mano dura para resolver los principales problemas.
En ese contexto, no es sorprendente que algunas de las respuestas del Gobierno mexicano ante la crisis sean precisamente de este talante. El caso del Ejército en las calles es un ejemplo concreto. Mientras el Alto Comisionado recomienda al Gobierno mexicano plantearse una ruta de transición que posibilite el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, el General Cienfuegos, entre otros, ha señalado el vacío legal en el cual operan las fuerzas armadas, y ha señalado la necesidad de elaborar leyes que regulen la actuación del ejército en las calles.
Es decir, normalizar una situación de excepción. La tentación está en que el Ejecutivo elija la opción de aprobar legislación que detalle de forma explícita el comportamiento del Ejército que favorecerá a perpetuar la excepción”.
Actualmente la CNDH cuenta con 807 expedientes de queja de personas sometidas a arraigo de 2007 a 2014 y de éstas el 54 % se deben a tratos crueles. Lo cual se suma a los argumentos de CIDAC para asegurar que las violaciones a derechos humanos han sido una de las principales consecuencias de la actual crisis de inseguridad.
También se agrega que, es cada vez más notorio como la violación de estos derechos es una práctica que no ha sido atendida por las distintas instituciones gubernamentales. “Desgraciadamente, el andamiaje legal e institucional de protección a los derechos humanos no ha impedido su vulnerabilidad. Ante el fracaso de la estrategia de seguridad, la sociedad se encuentra cada vez más desesperada por encontrar respuestas donde las alternativas de mano dura han ganado una considerable popularidad”.
El organismo, asevera que en este sentido, los derechos humanos parecen vulnerables a embates provenientes de múltiples frentes. Ante este escenario, la verdadera observancia del marco normativo en materia de derechos humanos, así como la cooperación con los distintos organismos internacionales, y la ejecución de acciones preventivas integrales, deben de establecerse como la vía única para atender la crisis de derechos humanos actual.
