Edgar Rosas / Revolución TresPuntoCero
Morelia, Michoacán.-En México, el principal problema en torno al fenómeno de la tortura es que el delito no se persigue; además que cada estado cuenta con tipificación distinta del delito y a nivel federal la legislación es muy antigua.
Así lo señaló Fernando Coronado Franco, exconsultor General Jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y especialista en el tema.
Al participar en la mesa Investigación y sanción de la tortura y malos tratos como delito y como violación a derechos humanos, Fernando Franco señaló que el principal problema en México sobre el fenómeno es que las autoridades no garantizan perseguir penalmente el delito. Añadió que una de las cuestiones presentes, es la diversificación en la tipificación del delito , lo cual hace que se establezcan elementos difíciles de comprobar para considerar que una persona fue víctima de tortura, esto a pesar que existan indicios claros que fue sometido a castigo corporal.
“El punto de partida es que nuestra legislación en materia de tortura es una legislación bastante antigua (…) Hay que tener en cuenta también que México tiene muchos códigos penales, incluyendo en el DF, que tiene una propia especificación de tortura, quizá de las mejores”, dijo.
Por otro lado, habló sobre la poca preparación de los peritos encargados de aplicar los exámenes para determinar la existencia de tortura. Dijo que en muchas ocasiones los dictámenes resultan “negativos”, aunque las evidencias muestran que la persona sometida sí fue víctima de tortura.
En este sentido manifestó que en México, la PGR estableció un acuerdo, en septiembre del año pasado, para la aplicación de un estudio médico-psicológico especializado para los casos de tortura. Al respecto señaló que “en ese nuevo acuerdo se introducen algunos criterios que son positivos, pero que no constituyen el estándar necesario para la investigación de la tortura conforme al Protocolo de Estambul, que es nuestro referente”, dijo.
Aunado a lo anterior, dijo que no existe un órgano colegiado independiente que supervise los dictámenes médicos realizados por los agentes de las dependencias encargadas de impartir justicia. Dijo que este hecho provoca que los dictámenes resulten negativos a pesar que la víctima fue sometida a tortura.
“Tampoco existe una evaluación colegiada de médicos o psicólogos sobre la aplicación de los dictámenes médicos-psicológicos especializados (…) y esto es importante porque en la investigación de la tortura, como hasta ahora ha ocurrido, los dictámenes suelen resultar “negativos”, es decir, se considera que la persona no fue sometida a tortura, y por lo tanto eso ha sido un obstáculo para que se investigue seriamente las denuncias por tortura que se hacen”, comentó.
En resumen, dijo el experto, en México se presentan dos grandes problemáticas: por un lado no existe una definición correcta de la tortura; y no hay especialistas que permitan verificar los dictámenes realizados.
“Ese es el estado que hay: la norma jurídica tiene una definición deficiente de la tortura, que entre otras cosas incluye el elemento de gravedad como elemento típico que tiene que comprobarse, y resulta complicado. Y en el dictamen médico especializado no hay un control de un órgano colegiado e independiente que defina si se está aplicando correctamente ese dictamen conforme a los estandartes del Protocolo de Estambul (…) el Protocolo de Estambul está siendo utilizado como un obstáculo para investigar los casos de tortura”, apuntó.
“La tortura en México se ve como un hecho aislado”
En palabras de Fernando Coronado Franco, el Estado mexicano se niega aceptar que la tortura es una práctica generalizada. Dijo que en México no se asume que la tortura sea un fenómeno sistemático en donde diversas dependencias lo llevan a cabo.
“Lo que se observa es que la tortura en México es vista como un acontecimiento aislado, no se acepta por el Estado mexicano, y hay una consecuencia ética-política en todos los involucrados, como gobernadores, procuradores, jefes policiales, agentes del MP, fiscales. Es decir, en México no se asume que la tortura es un fenómeno delictivo que se comete de manera sistemática, bajo el criterio de que para que sea sistemático no necesariamente tiene que ser una política expresa. El Estado no ha dicho de manera expresa que en ciertas circunstancias utilizará la tortura o alguna otra forma para ‘hacer justicia’ o para castigar a las personas, pero en la práctica eso sí ocurre”, expresó.
Por otro lado sostuvo que la tortura es propiciada por las propias dependencias. Además, dijo, algunos conceptos contemplados en la ley alientan la práctica.
“Hay algunos componentes normativos, desde el texto mismo de la Constitución y desde luego en la legislación secundaria, que han propiciado o alimentado la práctica de la tortura, en el ámbito específico de la tortura, para obtener declaraciones inculpatorias, o que culpen a otras personas para obtener ventajas procesales”, señaló.
El experto manifestó que hay una política de Estado que impide la investigación de la tortura. Añadió que los peritos encargados de realizar los dictámenes para determina si hay tortura no actúan con independencia y “tienen miedo a los policías y el MP”.
“Hay una serie de componentes que no se investigan, pero porque hay una política estatal que impide que eso se documente para definir si en un caso se produjo tortura (…) En la mayoría de los casos (de tortura) el MP tiene los datos de prueba, los elementos que sin la necesidad del dictamen médico-especializado para determinar que hay tortura, pero no pasa (…) en México los médicos peritos que practican los exámenes no tienen independencia; le tienen miedo a la policía y al MP, y pueden decir que no hubo tortura, aunque estuviera la víctima como ‘Santo Cristo’”, expuso.
