Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Morelia, Michoacán. El Código Penal del Estado de Michoacán establece que solamente servidores públicos “en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas” pueden cometer actos de tortura, por lo que, si llegaran a realizarlos fuera de éstas, “legalmente no constituyen tortura” denunciaron activistas.
“Si te torturan en domingo, por ejemplo, entonces no es tortura porque no estarían en funciones” explicó la defensora de Derechos Humanos, Blanca Estela Santillán García, tras asegurar que Michoacán tiene uno de los códigos más deficientes a nivel nacional.
Después de un análisis de las leyes locales que regulan la tortura, Santillán García explicó que la forma en que está redactado el Código Penal michoacano permite lagunas que ponen en riesgo juicios por tortura contra funcionarios estatales y municipales.
Otro ejemplo es que la ley sólo considera actos de tortura los que se cometen para obtener información, confesión o para castigar o coaccionar, sin dejar espacio a la “utilización de tortura para cualquier otro fin” aseguró la activista.
Además, el código incluye un párrafo que dicta “no se considerará como tortura, las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a éstas, o derivados de un acto legítimo de autoridad” lo que abre la puerta a la legalidad de la tortura en Michoacán resumió Blanca Estela.
Santillán García, quien pertenece al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en México, invitó a los activistas michoacanos para que impulsen reformas al Código Penal a fin de corregir estos errores.
Megaproyectos económicos igual a tortura
En entrevista para Michoacán TresPuntoCero, Blanca Estela Santillán aseguró que hay una relación entre los megaproyectos económicos impulsados desde el Gobierno Federal y el aumento de casos de tortura ya que “ambos van de la mano”.
Los estados de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca que forman parte de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, son también entidades en las que la tortura ha ido aumentando de manera “generalizada y sistemática” expuso la activista.
De acuerdo con su análisis, los megaproyectos que buscan explotar el agua, las tierras, los hidrocarburos y la minería también tienen consecuencias en los Derechos Humanos; “no sólo en la tortura, también hay desplazados, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales” abundó Blanca Estela.
En ese sentido, el psicólogo Boris González Ceja, miembro de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, aseguró que estos megaproyectos traen como consecuencia intervención de Fuerzas Federales lo que “aumenta exponencialmente los casos de tortura”.
“Los policías estatales, federales y el Ejército Mexicano ha establecido una técnica especializada para aplicar la tortura y que esta no sea detectada por un médico que no está especializado” denunció el psicólogo.
Cabe destacar que según el Consejo Judicatura Federal entre 2005 y 2013 hubo 123 enjuiciamientos por tortura en México y tan sólo 7 funcionarios fueron condenados. En contraste, solamente en 2013 fueron mil 505 las quejas por tortura.
Michoacán, foco rojo en tortura
En Michoacán, a raíz del nombramiento de José Martín Godoy Castro como procurador, las recomendaciones contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por actos de tortura prácticamente se duplicaron.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) había emitido 6 recomendaciones a la PGJE entre 2012 y 2014. Para 2015 fueron 12 las recomendaciones que recibió la procuraduría.
Es decir, sólo respecto a la tortura, la PGJE recibió el doble de recomendaciones en la mitad del tiempo tras la llegada de Martín Godoy Castro. Esto significa que, al menos en Michoacán, la institución encargada de procurar la justicia es la que más casos de tortura presenta.
Procuradurías han sido omisas
“Normalmente, las víctimas deberían acudir a las procuradurías, pero ahora tienen opciones alternativas como denuncias ante asociaciones y comités independientes el punto es que denuncien” subrayó Blanca Estela Santillán.
Sin embargo, la tortura es un delito que se investiga de oficio por lo que ambos activistas condenaron que estas instituciones en realidad no procuran justicia, “hay omisión, el trabajo de las procuradurías no lo están haciendo” reclamó Boris González.
Cotidianamente las autoridades utilizan métodos como asfixia seca y húmeda, palizas, violaciones, amenazas de muerte, descargas eléctricas, arrancar las uñas de los dedos y simulacros de ejecución, así como aislamiento y no dejar dormir a las personas por días.
También reiteraron que se utilizan golpes con una técnica que impide dejar huellas visibles. Esto, sumado a que no se aplica correctamente una evaluación basada en el Protocolo de Estambul, conlleva a que sólo uno de cada ocho médicos pueda concluir si existió o no tortura en los casos que analizan.
Además, los peritajes realizados por expertos independientes son escasos y éstos no pueden ser usados como pruebas en juicios por tortura. Debido a esto “el gobierno no ha facilitado a las organizaciones de la sociedad civil para que apoyen a combatir el problema” denunció Boris Ceja.
Por eso es que buscan que las organizaciones civiles independientes tengan mayores atribuciones a fin de erradicar éste fenómeno pues “eso está, no solamente en las leyes nacionales, sino también en tratados internacionales que el Estado Mexicano firmó de lo contrario dónde está la voluntad del Estado” cuestionó Blanca Santillán.
Boris Ceja pidió además no confundir la tortura con el maltrato ya que tortura implica tratos crueles, degradantes e inhumanos en donde la vida está de por medio.
“Buscan que las personas se declaren culpables de algún delito, no sabemos nosotros, ese no es nuestro trabajo y aunque lo hayan cometido esa no es la vía para lograr la verdad de la justicia en México” concluyó el psicólogo michoacano.
