A pesar de que organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, e investigaciones de connotadas personalidades como las del Premio Nobel de Economía en el año 2000, James Heckman, han demostrado que la inversión que los gobiernos hacen en la atención de la primera infancia es trascendente incluso, para prevenir los índices delictivos, nuestro país carece de políticas públicas en la materia.
Más grave aún, es el hecho de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 enviado por el Ejecutivo federal, se pretendan recortar los escasos recursos asignados a programas que tienen por objetivo la atención de la niñez.
En México, 13 de cada mil niños nacidos mueren antes de cumplir un año por enfermedades diarreicas y respiratorias que, en su mayoría, se pudieron prevenir; 1.5 millones de menores tiene desnutrición crónica; 23 de cada cien, anemia –y en comunidades rurales este porcentaje se eleva a 38 o 40%- únicamente 14% de bebés son alimentados con leche materna; 30 de cada cien menores no asisten a educación preescolar y solamente 10 de cada cien niños tiene acceso a un ambiente donde se le estimula de manera adecuada.
Para el gobierno de Peña Nieto, esta problemática pasa desapercibida o peor aún, carece de importancia, a pesar de que en nuestro país hay una población de 10.5 millones de niños menores de cinco años.
Mientras el gobierno de Peña Nieto invierte 80 dólares al año por niño, el de Bolivia, encabezado por Evo Morales, destina 300 dólares. Organizaciones de la sociedad civil pugnan porque el presupuesto destinado a la materia el año entrante sea, al menos, la mitad de lo que asigna el gobierno sudamericano.
La importancia de los primeros cinco años
El desarrollo infantil temprano se refiere al desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioemocional de los niños de cero a cinco años y comprende ámbitos como: salud, nutrición y educación.
Su importancia radica en que esta etapa, también conocida como “primera infancia”, es la que les permitirá acceder al ejercicio completo de sus derechos; es decir, lo que se haga o deje de hacer de los cero a cinco años para promover y generar mejores condiciones de desarrollo para los menores, será determinante en sus capacidades futuras.
De acuerdo a un análisis desarrollado por la organización Un kilo de ayuda, la oferta presupuestal para impulsar temas que generen un mayor retorno en capital humano, como el de la primera infancia –periodo en que se estructura el cerebro de las personas, pero también el de máxima vulnerabilidad- está prácticamente ausente de las políticas públicas implementadas por el gobierno.
En términos de desarrollo físico, si a un menor no se le garantiza el derecho a la alimentación –consagrado en el Artículo 4 de la Constitución Política- será susceptible de tener desnutrición crónica, lo que comprometería su talla e incluso el porcentaje de masa encefálica que pueda tener, afectando sus capacidades.
Aunado a esto, si un menor en esta etapa no recibe los estímulos adecuados, también ve afectadas sus capacidades cognitivas, de ahí la necesidad de desarrollar relaciones significativas pues ante la falta de estas, se puede desarrollar una propensión a la criminalidad por falta de empatía.
“Si un niño pasa esta etapa en un ambiente adverso o con escases de recursos, las consecuencias son irreversibles. Cuando un niño tiene bien cuidada su primera infancia, puede tener mejor desempeño escolar, más productividad, mayor ingreso, menos desigualdad”, explicó Magdalena de Luna, directora de relaciones con el gobierno de la organización.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha argumentado que la intervención de los gobiernos en la primera infancia es la más efectiva para eliminar inequidades, porque hace que todas las personas concluyan esa etapa de su vida con sus capacidades completas; es decir, con comportamientos más saludables en sociedad, menor propensión a conductas delictivas y menos probabilidades de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas.
James Heckman, premio nobel de economía en el año 2000, logró probar a través de diversos estudios que invertir en la primera infancia genera mayor retorno en términos económicos y sociales y va más allá, al considerar la necesidad de invertir, incluso, desde la etapa prenatal, pues si la inversión llega después, entre más avanzada es la edad de la población beneficiada, el decremento en el retorno de beneficios es considerable.
De acuerdo a un análisis del economista Jaime Sierra Puche, en nuestro país, la mayor proporción de recursos está concentrada entre la población en edad escolar, lo que implica que si no tuvieron una buena primera infancia, sus capacidades ya están comprometidas.
Carencia de programas
De acuerdo a un análisis de la misma organización, en nuestro país son contados losprogramas que tienen como objetivo la atención a la primera infancia y para el ejercicio presupuestal del año entrante, los que sí lo hacen, podrían ver reducidos de manera sustancial los recursos que tienen asignados.
Por ejemplo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) opera un programa de educación inicial básica y comunitaria.
De Luna afirma que este es el “único esfuerzo del gobierno federal que atiende a niños de cero a cuatro años en ambientes no escolarizados. Los programas de Conafe son más productivos que las guarderías porque se trabaja con los padres; es decir, los padres reciben entrenamiento en términos de crianza y estimulación, entonces, pueden regresar a su casa y continuar con esta práctica”
Actualmente el Conafe atiende a 450 mil niños en sesiones que se realizan dos veces por semana, pero que se ven muy limitadas en términos de materiales didácticos. Este año ejerce un presupuesto de 537 millones de pesos pero por su importancia y tipo de trabajo, la propuesta de la organización es que estos se amplíen a 2 mil 640 millones de pesos para el año entrante.
Aunque las estancias infantiles administradas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tienen un buen rango de presupuesto, el análisis de la organización sostiene que es a través del trabajo que desarrolla personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) como se asegura la calidad del servicio en estas y sin él, se convertirían en meras “guarderías” o “estacionamientos de niños”.
El personal del DIF es el que capacita a los trabajadores de las estancias de Sedesol en materia de nutrición, estimulación y también los supervisa.
En la propuesta del Ejecutivo federal enviada al Congreso de la Unión, el recurso asignado a este rubro se redujo en 30%, pero con el programa para la aplicación del tamiz neonatal –estudio a través del que se puede identificar en los recién nacidos alteraciones metabólicas, enfermedades o deficiencias congénitas para su tratamiento oportuno- fue más lejos, pues aparece con cero pesos.
Aunque las entidades implementan algunos programas, los impulsados desde la federación en materia de capacitación y supervisión de este programa, desaparecieron por completo para el año entrante.
Según la organización, se necesitarían 40 millones de pesos para reactivar las acciones.
A pesar de que ya se encuentra diseñada y publicada la “Estrategia nacional de lactancia materna”, que tiene por objetivo incentivar que las madres amamanten a sus bebés, sin recursos para su implementación –que se calculan en 57.5 millones de pesos- pasará a la historia sin pena ni gloria.
La implementación de los “Lineamientos para el desarrollo infantil temprano” –a través del que se permite diagnosticar a los niños en su desarrollo infantil respecto a cómo se desenvuelven, qué alcances tiene o si presentan algún tipo de rezago- también parece haber sido dejada para mejor ocasión, pues en la propuesta de presupuesto no se le asigna un solo peso de recursos.
