Edgar Rosas / Revolución TresPuntoCero
La tortura en México es generalizada y sistemática; así lo han repetido diversas organizaciones, quienes critican la posición que ha tomado el gobierno en torno al tema, descalificado las observaciones de organismos internacionales como la ONU, en donde se asegura que en el país, este fenómeno se presenta en prácticamente todas las corporaciones de seguridad.
La tortura, de acuerdo con los expertos, se ha convertido en un método de investigación, pues resulta más fácil propinar castigo físico a una persona con el fin de auto inculparse que realizar una investigación a fondo con elementos científicos para determinar la responsabilidad de un individuo en la comisión de delitos.
A mediados de 2015, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) -una de las organizaciones que han dado seguimiento a casos de tortura en México- denunció un aumento exorbitante en el uso de la tortura.
De acuerdo a lo expuesto por Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, en ese momento se registró un aumento de 700% en el uso de esta práctica.
Como lo ha informado Revolución TRESPUNTOCERO, una de las principales preocupaciones de las organizaciones sociales es la nula investigación y acceso a la justicia en los casos de tortura. Entre otras cosas, han criticado la falta de personal capacitado en las instituciones públicas para documentar la tortura.
En este sentido, la impunidad en torno al fenómeno ha sido uno de los principales alicientes para que esta práctica exista y vaya en ascenso.
De acuerdo a Stephanie Brewer, del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en los últimos 10 años sólo han existido ochos sentencias condenatorias por el delito de tortura.
Una de las exigencias de las organizaciones es que las autoridades no hagan válidas las declaraciones que hayan sido obtenidas bajo tortura, o en las que se alegue maltrato. Esta cuestión, han insistido, es uno de los elementos que alienta el fenómeno.
A pesar que la tortura ha sido identificada como una “práctica enquistada en las corporaciones policiacas” para obtener confesiones, también se emplea como “castigo” en contra de luchadores sociales.
Casos como el de Marco Antonio Suástegui Muñoz -líder comunitario opositor al proyecto de la presa La Parota, en Guerrero- reflejan el uso de esta práctica para inhibir la organización y la resistencia.
Así, muchos casos, algunos desconocidos por la falta de denuncia, se presentan en México y convierten a la tortura en una práctica generalizada y sistemática.
A continuación se presentan algunos casos que dan cuenta de la utilización de la tortura, y la deficiencia de las autoridades para perseguir el crimen.
Jorge, Mario, Geo, José y Oswaldo
Jorge Hernández, Mario Ricardo Almanza, Geo Rodríguez, José María Cirilo Ramos y Oswaldo Rodríguez fueron detenidos el 13 de agosto del 2002, cuando el foxismo y la “transición democrática” aún eran jóvenes.
Los cinco fueron aprehendidos en el estado de Tlaxcala por elementos policiacos de esta entidad de la República, acusados del delito de secuestro. Tras su detención, cada uno fue sometido a tortura con un sólo propósito: firmar la confesión para auto inculparse del crimen.
Resultado de las sesiones de tortura a las que fueron expuestos, el quinteto fue condenado a 60 años de prisión y trasladados a un penal de máxima seguridad.
Luego de cuatro años de haber recibido sentencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala emitió una recomendación por el caso. En ella pidió a las autoridades iniciar una investigación por las denuncias de tortura hechas por las cinco personas.
A pesar de la recomendación, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala no realizó investigación alguna; cerró el caso sin ordenar la aplicación del Protocolo de Estambul.
Ante la negligencia de las autoridades, las cinco víctimas solicitaron el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), así como del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Ambos organismos practicaron el Protocolo de Estambul de manera independiente y se pudo documentar la tortura.
De acuerdo con los defensores que han acompañado el caso, a más de 10 años, el problema sigue vigente y no ha habido sin castigo para los responsables. Desde hace poco más de seis meses, las familias se encuentran en espera de que se cierre la averiguación para poder consignar. Además denunciaron la omisión de las autoridades, pues luego de solicitar la aplicación del Protocolo de Estambul a cargo de un organismo independiente, las autoridades tardaron un año en responder.
“José María Cirilo Ramos murió en la cárcel hace dos años, sin que le llegara justicia. Su familia sigue luchando porque no quede impune su caso y la verdad salga a la luz”.
Sin expertos para documentar la tortura
El cuatro de marzo de 2009, Marcelino Coache, líder de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) fue detenido y torturado. Sus verdugos utilizaron diversas técnicas para propinarle castigo físico. Entre los métodos que denunció se encuentra: golpes con una culata, apagar cigarros en los pezones y en la zona genital.
Luego de ser víctima de tortura, el activista denunció los hechos. Pidió a las autoridades la aplicación del Protocolo de Estambul; sin embargo, debido a la falta de profesionales capacitados en el estado, el examen no se pudo realizar de manera pronta.
Por la carencia de expertos, se solicitó a la federación la aplicación del protocolo que pudo realizarse un año después de la tortura; es decir, en mayo de 2010. Los resultados arrojaron que no se encontró evidencia física de la tortura.
Como parte de las pruebas para acreditar la tortura, la víctima presentó ante las autoridades un informe médico realizado por un hospital público, mismo que fue realizado poco tiempo después de las agresiones. En él se daba cuenta de las graves lesiones provocadas al activista, pero las autoridades rechazaron el informe.
Los defensores que acompañaron el caso denunciaron que este es un ejemplo que evidencia la gravedad del problema que representa la falta de personal capacitado para la aplicación del Protocolo de Estambul.
El activista fue uno de los participantes activos durante las movilizaciones que tuvieron lugar en Oaxaca entre 2006 y 2007. Como se recordará, en este periodo la APPO tuvo una intensa actividad con el objetivo de exigir la renuncia de Ulises Ruíz, en ese entonces gobernador de la entidad.
Durante las movilizaciones se presentaron hechos violentos y represión en contra de los integrantes de la APPO. Hasta la fecha existen una serie de autoridades del orden federal, estatal y municipal responsables de las agresiones que no han sido castigados.
Revictimización
El cuatro de mayo de 2006 se presentó uno de los hechos más emblemáticos de agresión por parte del gobierno: la represión en San Salvador Atenco.
207 personas fueron detenidas y decenas más de pobladores fueron torturadas. Entre las víctimas también se encontraron mujeres.
Durante el operativo desplegado en Atenco -avalado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México- los agentes policiales torturaron sexualmente a 26 mujeres. Las agresiones se dieron durante su traslado al Ministerio Público.
Uno de los casos es el de la joven Bárbara Italia Méndez. Como se documentó con otras mujeres agredidas, hubo omisiones, negligencias y tratos revictimatizantes en contra de la joven por parte de las autoridades que investigaron la tortura.
En primera instancia, el Protocolo de Estambul fue aplicado un año después de los hechos; además, en sesiones con la psicóloga de la Procuraduría General de la República (PGR), la joven fue expuesta a acciones retraumaizantes.
De acuerdo con el testimonio de la joven, en algunas sesiones se le pedía que se desnudará con el propósito de sacarle fotos mientras los agentes hacían comentaros como: “no tienes nada”, menospreciando la agresión de la que fue víctima.
Bárbara denunció que la psicóloga le hizo comentarios en el mismo tono como: “¿no te sientes responsable de lo que te pasó?, ¿por qué estabas en la calle?, usted se pone en peligro”.
Edith Escareño, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) sostiene que este tipo de casos se siguen presentando, pues a pesar de ser ejemplos “viejos”, hoy en día se replican, sólo que cambian los nombres y los años.
