De acuerdo con la Sedena y la Semar, más de cuatro mil civiles fallecieron a manos de las Fuerzas Armadas durante el sexenio de diciembre de 2006 a diciembre de 2014. Entre 2007 y 2014, murieron 3 mil 967 civiles, y sólo 209 militares, o sea, por cada militar muerto, hay 19 civiles asesinados.
Las fuerzas de seguridad de nuestro país, ejecutan a personas civiles sin justificación y las presentan luego como delincuentes que ‘murieron en un enfrentamiento’. Los factores estructurales que fomentan esta práctica, qué se ha vuelto un patrón, son: la impunidad de las ejecuciones desde décadas pasadas hasta la actualidad, el encubrimiento, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la militarización de la seguridad pública.
Desde que el caso Tlatlaya revelara que en los hechos ocurridos, el Batallón tenía la instrucción de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”, las organizaciones subrayaron la necesidad de investigar la cadena de mando en casos de ejecuciones extrajudiciales. Así como la implementación estatal de un plan programático que termine con el modelo militarizado de seguridad pública.
Además, es imprescindible que se cumplan las recomendaciones de los órganos internacionales, así como ‘garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de ejecuciones cometidas en tanto en décadas pasadas como en años recientes’’.
Recordaron que el modelo’ militarizado de combate frontal’ sólo consigue perpetuar violencia y es un semillero de violaciones graves a derechos humanos.
