México es uno de los países más corruptos en el mundo, al obtener solo 29 puntos de 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 el mejor calificado en la materia, según el reporte de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, pasó de obtener el lugar 129 al 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. Mientras que en America Latina y el Caribe se posicionó en los peores lugares.
El documento publicado señala que México se encuentra por debajo de Brasil (en el lugar 96, con una calificación de 37 puntos), Argentina (en el lugar 85, con 39 puntos) y Colombia (en el sitio 96, con 37 puntos), y ocupa la misma posición que Honduras y Paraguay.
Además, es el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A través de un comunicado de prensa, Transparencia Mexicana señala que esos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia por sí sola no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción.
«En México ha habido resistencias para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país, además de la ausencia de una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones»
Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como privado.
E hizo cuatro recomendaciones al país, entre ellas asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el territorio nacional, así como incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasmas”.
Asimismo, crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados. Y, por último, avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos.
Con información de Proceso
