Ante un Estado fallido en otorgar seguridad a los mexicanos, es necesario replantear un esquema de combate al crimen organizado que erradique la impunidad, la violación a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, con acceso al trabajo, la educación y el empleo, fue la coincidencia en el foro Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
Organizado por la candidata al Senado de la coalición Juntos Haremos Historia por la primera fórmula, Blanca Piña Gudiño, en el evento participaron Nestora Salgado García, defensora comunitaria de Guerrero y aspirante también a la Cámara Alta, la candidata por el Distrito 20 Uruapan, Brenda Fraga, y el abogado del autodefensa José Manuel Mireles Valverde, Ignacio Mendoza Manzo.
En su participación, Piña señaló que los temas del foro constituyen un reto ante el alto número de violaciones a las garantías individuales por instituciones oficiales, a la par del aumento de una violencia generalizada. Con datos de Amnistía Internacional, dijo que en el año 2017 se cometieron en el país 42 mil homicidios; en feminicidios, dijo que en el sexenio se han registrado más de 11 mil casos, con mil 297 registrados el año anterior y en Michoacán, una contabilidad de 144 en el mismo año, de los que sólo 27 son reconocidos como tales por las autoridades.
Destacó que en desapariciones la cifra oscila en más de 30 mil, con mil 44 casos en el estado. En cuanto a periodistas, señaló que más de 40 comunicadores en el sexenio de Enrique Peña Nieto han sido asesinados, con 13 víctimas en el año 2017, en tanto que en una década 14 comunicadores han sido asesinados o desaparecidos en Michoacán.
Propuso derogar la Ley de Seguridad Interior –planteamiento en el que coincidirían todos los participantes-, “que legaliza y facilita el espionaje”, por un cambio de estrategia que no sea solo elevar las penalidades, al igual que crear un fiscal ciudadano en desapariciones forzadas y propuso poner a discusión el proyecto de amnistía que planteó Andrés Manuel López Obrador.
“No impulsaré leyes que no vengan de los jodidos”
Nestora Salgado, destacó en su intervención que “Michoacán tiene mucho que coincide con Guerrero”, al aludir a clima de inseguridad que vive y los embates de la violencia que se reflejan en feminicidios y desapariciones, pero celebró el que varias comunidades hayan optado por la autodefensa, como en su comunidad, modelo que propuso como camino para organizarse ante los “miserables delincuentes” y alcaldes que, llamó a reflexionar, “duran tres años en el puesto y se vuelven millonarios”.
Con una voz fuerte y un discurso fluido, indignada, Nestora dijo que en México no hay acceso a la justicia. “Cuantos de ustedes han ido al Ministerio Público y se cerró la carpeta, como si no pasara nada, porque no tenemos dinero para darle seguimiento… si hay dinerito hay justicia”. La justicia se aplica, dijo, cuando hay presión por parte de los organismos internacionales, “donde si nos escuchan”, y señaló que en su caso su liberación tras dos años dos meses de cárcel, fue porque intervinieron instancias como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tarea en la que se mantiene coadyuvando en llevar otros casos a esos tribunales.
Dijo que de llegar al Senado, “esta madre, esposa y abuela que se tuvo que colgar un arma para defendernos del narco”, llevará a ese recinto “la voz de los olvidados” y dejó el compromiso: “yo no impulsaré una ley que no venga de los jodidos”.
El no tener derecho “a caminar en la oscuridad, a la salud, a que nos respeten la vida, ese es uno de los primeros puntos que nos han llevado a organizar, nos están robando el agua, nos están contaminando nuestros suelos con esas empresas como las mineras y los hoteleros”, dijo, llevó a su comunidad a organizarse en contra de quienes “estaban violando a nuestros niños, haciendo videos pornográficos con ellos” y vivió las consecuencias de denunciar “con nombres y apellidos, tenían la protección de altos funcionarios, por eso se vino el gobierno en un ataque directo contra Nestora Salgado, utilizando instituciones para fabricarle delitos y encarcelarla”, salió libre por “falta de sustento, pero sí me quitaron 2 años 8 meses de mi vida, simplemente por haber denunciado la corrupción dentro del gobierno, dentro de las instituciones”.
Por su parte, Mendoza Manzo señaló que para que en el país impere justicia, democracia y derechos humanos es necesario que “desde la compra de un foco para un alumbrado público, hasta la inversión en salud, en educación, tiene que ir inducida, pensada y ejecutada para garantizarnos seguridad, no nada más que no me salten o que no me cristaleen mi carro, sino seguridad para que me atiendan en la clínica, seguridad en un contrato para que no sea leonino, seguridad para que yo pueda garantizar la educación”.
