Edgar Rosas / Revolución TresPuntoCero
A dos años y cuatro meses de la detención arbitraria de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigieron al gobierno del estado de Guerrero la libertad inmediata de la luchadora social, “encarcelada por defender a su pueblo”.
Los 189 defensores de derechos humanos y las 103 organizaciones que conforman la RNDDHM exigieron de manera particular que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero se apegue a Derecho y a los más altos estándares internacionales para resolver la situación de Nestora y determinar si queda o no en libertad.
Los integrantes de la Red enfatizaron que desde el 21 de agosto de 2013, Nestora Salgado se encuentra detenida de manera ilegal. Además que se han presentado violaciones a sus derechos desde el momento del arresto arbitrario.
Los demandantes recordaron que Nestora Salgado fue detenida con un operativo “aparatoso”, en el que participaron elementos del Ejército, de la Marina, la Policía Estatal y Municipal de Olinalá. Subrayaron que al momento del arresto no fue mostrada orden de aprehensión ni se le informó a Nestora sobre los motivos de la detención.
“Desde un inicio, dicha detención estuvo plagada de irregularidades que evidenciaron flagrantes violaciones al derecho a la libertad personal, en el marco de falta absoluta de respeto y garantía al debido proceso legal y otras violaciones a sus derechos humanos. Luego de haber sido trasladada en las primeras horas a la ciudad de Chilpancingo, sin ser presentada ante un Juez en ese lugar, no contó tampoco con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense y no fue auxiliada por algún abogado de elección”, recordaron los defensores a través de una carta dirigida a Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero.
Más de dos años de irregularidades
La historia del encarcelamiento de Nestora se encuentra llena de inconsistencias, y así lo han demandado desde el primer momento que piso la prisión.
La violación al debido proceso se presentó desde el momento mismo de la detención. Nestora Salgado, horas después de haber sido llevada a Acapulco para rendir su declaración preparatoria- fue trasladada, sin fundamento legal válido, al Centro Federal de Readaptación Social, Número 4 “Noroeste”, ubicado en Tepic, Nayarit.
Hasta su llegada a este centro penitenciario -considerado de máxima seguridad- Nestora no tuvo oportunidad de tener contacto con algún abogado. La orden de traslado provino del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, el cual no tiene la facultad de mandatar este tipo de acciones; sólo una autoridad jurisdiccional puede hacerlo.
El trato hacia Nestora fue de “delincuente peligrosa”. Este estatus fue concedido a la defensora comunitaria al llegar al penal de Nayarit, sin una revisión judicial. La distinción de “presa peligrosa” llevó a Salgado al confinamiento en soledad, impidiendo cualquier comunicación con familiares o abogados.
Nestora ha enfrentado sendos procesos penales a nivel federal y estatal por el delito de delincuencia organizada. El primero de ellos se abrió a nivel estatal; el federal vino después y fue abierto utilizando los mismos argumentos y evidencias que se presentaron en Guerrero.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, Nestora fue exonerada a nivel federal por el delito de delincuencia organizada. La sentencia fue emitida por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con sede en Chilpancingo, en donde se revocó el auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada en modalidad de secuestro.
“Esto no redundó en su liberación y los procesos estatales siguen su curso, produciendo una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos), lo que dificulta su defensa y acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica, así como el derecho de toda persona detenida a un proceso justo, imparcial y equitativo”, demandó la Red.
A principios de 2015, Rogelio Ortega, entonces gobernador interino de Guerrero consideró a Nestora Salgado como presa política. Por tal motivo, solicitó de manera formal a Miguel Ángel Godínez Muñoz, titular de la Fiscalía General de Guerrero en ese momento, desistir de las acusaciones contra Nestora.
Pese a la falta de pruebas, Nestora sigue presa
La RNDDHM criticó que a dos años y cuatro meses de su aprehensión, y sin pruebas contundentes que avalen el supuesto crimen, Nestor Salgado sigue presa. Cabe recordar que las supuestas víctimas no han ratificado la denuncia contra la defensora comunitaria.
Por tal motivo, los defensores integrantes de la Red pidieron al fiscal General de Guerrero, Javier Ignacio Olea Peláez, retirar las acusaciones contra Nestora. Aseguraron que el fiscal cuenta con todos los elementos para “reconocer las graves deficiencias y violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos que han caracterizado los procesos seguidos contra la defensora”.
La representación legal de Nestora Salgado y las organizaciones que han acompañado el caso, denunciaron desde agosto pasado las condiciones precarias en las que ha llevado el encarcelamiento Nestora. Criticaron que la defensora ha sido víctima de tortura, además que padece serias afectaciones de salud por las condiciones que vivió en el penal de Nayarit.
La Red recordó que debido a estos tratos crueles contra Nestora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares. Este órgano internacional consideró que la defensora comunitaria en su estancia en el penal de Nayarit se encontró en “una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal”.
“La detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es a todas luces un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a la labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena”, concluyó la Red.
