Morelia, Michoacán.- Pese a contar ya con autonomía financiera, la Auditoría Superior de Michoacán cargará con sindicalizados y basificados del Congreso del Estado, muchos de ellos sin el perfil necesario para desempeñar las funciones que desempeña el órgano fiscalizador.
Por primera vez en su historia, la Auditoría publicó en su sitio web, la plantilla laboral con que cuenta y el monto total de las percepciones de los 381 empleados que en ella laboran, desde su titular hasta la gente de intendencia.
Del total de personas que laboran en el organismo, 33 están basificados y 72 son sindicalizados con su respectiva base. Gran parte del personal es de confianza, 177 en total; hay 31 que están bajo la modalidad de prestación de servicios; 36 son de estructura; 29 de los que no se conoce el estatus en que se encuentran; una persona contratada con honorarios asimilables a sueldos; un interinato B; y una vacante.
La nómina que mensualmente tendrá que hacer frente el órgano fiscalizador es de seis millones 643 mil 664.31 pesos.
El sueldo bruto del Auditor Superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda es de 94 mil 450 pesos al mes; en tanto que los auditores especiales Estatal, Luis Gerardo Barajas Sandoval, y Municipal, Salvador Sandoval Rodríguez, tienen un sueldo mensual de 51 mil 620.62 pesos.
Existen un par de empleados que están en el limbo, sin adscripción a ningún área dentro del órgano fiscalizador, Daniel Moisés de la Cruz Jiménez que gana 28 mil pesos al mes, y la exlideresa del PRI municipal Marisol Aguilar Aguilar que gana poco más de 21 mil pesos al mes.
A partir de la relación de su personal y de las áreas a las que está asignado, puede observarse una enorme estructura dentro de la Auditoría que no corresponde con lo mandatado en la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
De acuerdo con la norma las áreas del organismo son de auditoría especial de normatividad, especial de fiscalización estatal, especial de fiscalización municipal, la Dirección General de Investigación, Dirección General de Sustanciación y la Unidad General de Asuntos Jurídicos.
Actualmente el personal de la auditoría está asignado a un total de 93 áreas, algunas con denominaciones extrañas como “hojas de servicio”.
Por ejemplo, para la fiscalización estatal hay 13 áreas: el Despacho del Auditor Especial de Fiscalización Estatal; el Departamento de Substanciación Estatal; la Auditoria Especial de Fiscalización Estatal; el Departamento de Auditoria a Obra Pública Estatal; el Departamento de Auditoria de Cumplimiento Estatal; el Departamento de Auditoria de Desempeño Estatal; el Departamento de Auditoria de Obra Pública Estatal; el Departamento de Auditoría Financiera Estatal; el Departamento de Informes Institucionales Estatal; el Departamento de Investigación Estatal; el Dirección de Fiscalización Estatal; el Dirección de Planeación Estatal; y la Dirección Especial de Fiscalización Estatal.
Esquemas similares se replican en otras áreas de la Auditoría. La proliferación de departamentos y direcciones permitió por años el acomodo de allegados de legisladores con buenos sueldos y prestaciones.
Los jefes de departamento cuentan con un sueldo mensual de 21 mil 880 pesos, y son 34 personas las que hay con ese cargo dentro de la Auditoría. Los directores de área perciben al mes un sueldo bruto de 34 mil 892 pesos, son once, aunque está el caso especial de Irma Ríos Villegas a quien le pagan más, 40 mil 719 pesos en la Dirección de Tecnologías de la Información.
Hay tres directores generales, que ganan 51.6 mil pesos. Hace un año ninguno de ellos trabajaba en la Auditoría, por lo que son de reciente adquisición o acomodo: el panista Héctor Daza Banderas quien hasta agosto pasado era consignado en la prensa como director de patrimonio municipal en Uruapan; otro panista, Alfredo Villa Aguilar de Tacámbaro también fue recientemente acomodado en la Dirección General de Substanciación; y la exdirectora de Catastro de la Secretaría de Finanzas del Estado, Elizabeth Villegas Pineda, arribó a la Unidad General de Asuntos Jurídicos.
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