Derechos Humanos


PF y SIEDO detienen ilegalmente y fabrica delitos a dos hermanos; sufren tortura y violación sexual

 / Revolución TresPuntoCero 

Erick y Verónica Razo Casales, fueron detenidos por policías federales en diferentes lugares del Distrito Federal. Ella fue detenida a escasas calles de su domicilio, fue interceptada por siete hombres vestidos de civil que portaban armas largas; la encañonaron, la esposaron y la subieron con violencia a un automóvil sin placas oficiales. La detención fue presenciada por vecinos quienes fueron amenazados de muerte para que no intervinieran, pero que más tarde avisaron a su madre, la señora Austreberta Casales Salinas, quien supuso que su hija había sido víctima de un secuestro.

Pese a sus múltiples intentos de comunicación, estos no tuvieron resultados, tampoco pudo interponer una denuncia por secuestro. Ese mismo día Erick Iván Razo Casales fue detenido, aproximadamente a medio día, con un modus operandi similar al que fue detenida su hermana. En ningún caso los agentes que realizaron las privaciones arbitrarias de libertad se identificaron o mostraron orden de detención alguna. A pesar de lo anterior, los policías que los detuvieron declararon que habían detenido a ambos hermanos en el mismo lugar junto con diez personas más porque supuestamente tenían la intención de delinquir.

Ambos hermanos fueron trasladados a las oficinas de la Policía Federal, en dicho lugar Verónica y Erick Iván Razo Casales fueron sujetos de tortura, intimidación e incomunicación por parte de las autoridades. Erick fue golpeado en distintas partes del cuerpo, electrocutado en sus genitales, sumergieron su cabeza en agua y fue amenazado con la muerte de su madre y su esposa, obligándolo a declarar sobre su supuesta participación y la de su hermana en dos secuestros.

A Verónica la sentaron en una silla y le vendaron los ojos para comenzar a preguntarle sobre su vida, sus familiares y de una supuesta casa de seguridad, mientras recibía golpes en la cabeza y el estómago; posteriormente la levantaron, la desvistieron y la mojaron para electrocutarla por cuatro o cinco veces en sus genitales. Después, fue víctima de violencia sexual por parte de los policías que la detuvieron, todo ello con el fin de obligarla a decir que ella había sido “muro” junto con su hermano en dos secuestros y que había recibido pagos por eso.

Luego de la tortura sufrida por Verónica, un paramédico se acercó para revisarla, y recomendó llevarla a un hospital porque podría sufrir un infarto por todo lo que le habían hecho, a lo que el Ministerio Público contestó que “era mejor que se muriera”. Horas después la trasladaron en una ambulancia al hospital privado médico quirúrgico llamado “José María”; sin embargo, por órdenes del Ministerio Público la revisión sólo se efectuó de la cintura hacia arriba, por lo que en ese momento no se pudo constatar la violación sufrida por parte de los agentes federales.

Fue después de varias horas de tortura que fueron trasladados a la Procuraduría General de la República (PGR). La Señora Austreberta Casales aseguró que quienes detuvieron a su hija fueron agentes federales adscritos a la Agencia Investigadora de la Unidad de Investigación por Secuestro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), todos con el cargo de suboficiales. Por lo anterior, acudió a la SIEDO para preguntar por su hija, fue ahí donde vio el automóvil de su hijo Erick, que tenía encima unas papeletas de color blanco en las que se asentó un número de averiguación previa y la frase “VEHÍCULO ASEGURADO.” Preguntó por sus dos hijos a lo cual le señalaron que no contaban con registro alguno sobre ellos y que podía regresar más tarde para cuando se actualizaran las listas. Fue hasta días después que la señora Austreberta conoció la ubicación de sus hijos.

El acompañamiento del caso ha corrido a cargo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), por medio de la representación de la abogada Natalia Pérez Cordero, quien afirma a Revolución TRESPUNTOCERO: “estamos coadyuvando al ministerio público en la investigación por tortura en contra de los policías federales que los detuvieron y torturaron, pero también apoyamos a ambos hermanos en otros procesos del mismo caso.

Ambos cuentan con defensores de oficio en el proceso penal que están enfrentando, en el cual se les fabricaron pruebas y se les torturó, por ello los apoyamos en los amparos indirectos en contra del auto de formal prisión en el caso Erick y en el caso de Verónica existe una apelación para el desvanecimiento de pruebas, que consiste es desvirtuar todos aquellos argumentos que utilizó el MP en su contra para someterla a proceso penal, de obtenerse podría lograr su libertad anticipada, porque se debe recalcar que ambas confesiones fueron arrancadas bajo tortura”.

Los hermanos Razo al ser incriminados bajo el supuesto que eran integrantes de una banda de secuestradores, se dio paso al reconocimiento de los otros supuestos co-procesados en la misma causa penal, quienes según la PF formaban también parte del grupo delictivo, aunque ellos también fueron torturados, asegurando que en su totalidad todas las declaraciones aportadas por todos los implicados fueron obtenidos bajo tortura y violaciones a derechos humanos.

Otras de las inconsistencias del caso fue que las versiones de los elementos que detuvieron a ambos hermanos dieron una versión y fecha de la detención contraria a la real, aunque el ministerio las tomó como verídicas, siendo ésta una de las situaciones que se están argumentando en la apelación del incidente. Pérez Cordero explica que en cuanto a la diligencia de confrontación también hay ilegalidad, puesto que el mecanismo consiste en que el defensor de los inculpados debe estar presente, después por lo menos cinco personas con rasgos físicos similares deben colocarse frente a la cámara, para que las víctimas hagan el reconocimiento; “es que este tipo de diligencias que se llaman de confrontación tienen que seguir ciertos requisitos legales, que esté presente un defensor de oficio o un abogado particular que se ponga las personas detrás de la cámara Y para que sea válida, se tienen que poner cinco personas con rasgos físicos similares, esto con el fin de “generar una verdadera convicción en la decisión sobre la persona que se escoja, tomando en cuenta que quien señala al responsable lo reconoce, por lo que no tiene que tener ninguna duda”; en el caso de los hermanos Razo no fue así, no hubo ningún abogado defensor presente y tampoco pusieron a lado de ellos a personas con características similares, por el contrario los pusieron al lado de policías, mientras que el ministerio público preguntaba a las víctimas ‘¿verdad que tú lo reconoces?’ A lo que las víctimas aseguraron que sí, lo cual es completamente violatorio al debido proceso penal y también se encuentra como argumento en la apelación”.

La abogada Pérez Cordero, agrega que la CMDPDH también da acompañamiento al tema de fortalecimiento e incidencia para que se le brinde particularmente a Verónica atención médica, ya que a raíz de la tortura tuvo diversas secuelas en su salud física y mental. A Verónica se le detectó semanas antes de la detención, hipertiroidismo y con motivo de la tortura y también de las malas condiciones carcelarias a las que se ha enfrentado, su enfermedad ha ido empeorando, “hemos estado apoyando el caso pidiendo medidas cautelares para la atención médica que requiere, porque si bien se ha logrado que tenga visitas médicas, el medicamento que le han dado no le funciona, porque no le han hecho estudios necesarios para poder determinar qué tipo de tratamiento requiere, por esos sus padecimientos van en aumento”.

El caso de los hermanos Razo tiene aún un camino largo a la espera que eventualmente logren salir de la cárcel y con el reconocimiento de la sentencia absolutoria ellos podrían pedir una reparación moral, “principalmente por la detención que fue por demás falsa, también un resarcimiento por la tortura que fue uno de los daños más graves. Actualmente hay una queja que se puso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por este tipo de actos y la privación ilegal de la libertad, estamos en espera que se emita la recomendación, porque hay protocolos Estambul positivos que determinan las secuelas correspondientes al estrés postraumático, que ambos hermanos presentan.

Consideramos que existen pruebas suficientes para que la CNDH emita una recomendación y que en ésta se plantee la indemnización moral y el resarcimiento de todas las afectaciones en las que ha incurrido, como la pérdida del trabajo y los ingresos del cual percibían, a partir de la violación de sus derechos humanos, también que se recuperen todos los gastos que han corrido por cuenta de la madre de ambos, quien los ha mantenido dentro del penal, además de los costos de las visitas constantes, las cuales han generado altos montos, ya que aun cuando ellos fueron detenidos en Distrito Federal, Verónica se encuentra en el penal de Tepic, Nayarit y Erick en un reclusorio de Veracruz; para la señora es complicado porque son gastos altos, que salen de sus ingresos que son muy pocos”, puntualiza Pérez Cordero.

Dentro de los panoramas también se toma en cuenta el que la obtención de justicia se complique “como es común dentro del sistema jurídico mexicano”, es por ello que tampoco se descarta la posibilidad de presentar una denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos que tenga competencia para conocer estos casos. Esta opción se ha considerado a partir que la investigación en cuanto a la tortura es casi nula y hasta la fecha no se han identificado a los responsables.

Aunque, según comenta la abogada, el ministerio público tiene cierta convicción de aceptar que hubo tortura, aún no se presentan las facilidades para identificar a los verdaderos responsables dicha acción, es por ello que apelarían a la justicia internacional, “que sean ellos quienes ejerzan una mayor presión sobre el Estado mexicano, para que cumplan sus obligaciones de combatir y prevenir la tortura”.

Es así como la CMDPDH sentencia que “el Estado mexicano falló de esta forma a su obligación de garantizar los derechos de los hermanos Verónica y Erick Iván Razo Casales, quienes siguen actualmente recluidos y en espera de su sentencia, y cuyas secuelas de la tortura permanecen”.

8 octubre, 2015
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