Los pormenores sobre el proceso de reestructuración de la deuda bursatilizada de Michoacán, deben ser informados al Congreso del Estado, coincidieron en señalar los coordinadores parlamentarios del PRD, PRI y PAN.
Cabe apuntar que finalmente en Michoacán se logrará pasar a pesos la deuda pública que se autorizó en 2007 en UDIS (Unidades de Inversión) durante el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel, de la que hasta el momento el estado no ha podido pagar ni un peso de capital e incluso se ha incrementado, pues de los tres mil 500 millones de pesos contratados inicialmente para 2017 actualmente se deben 4.4 mil millones esto debido a lo elevado de los intereses.
El Congreso del Estado autorizó a principios del 2017 al Ejecutivo reestructurar la deuda pública estatal incluida la bursatilizada, y fue el lunes pasado cuando se realizó la Junta de Aclaraciones en la Secretaría de Finanzas del estado para aclarar las dudas de las ocho instituciones bancarias interesadas en participar.
En entrevistas por separado los coordinadores parlamentarios coincidieron en que este tema deberá ser revisado por el Congreso local, y recordaron que aún existen algunos temas pendientes de aclarar como el conocer a detalle quiénes son los tenedores de los certificados bursátiles de la referida deuda.
Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora parlamentaria del PRI refirió que las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso tiene la facultad de llamar al secretario de Finanzas, Carlos Maldonado para que informe si el proceso se está realizando en los términos y dentro de los tiempos legales o si hay la necesidad de que vuelva a pasar por la autorización del Congreso.
Cuestionada si existen elementos para fincar responsabilidades a quienes contrataron esta deuda que ha costado miles de millones de pesos de intereses a Michoacán, señaló que eso se sabrá luego de que se realice la auditoría forense que mandató el Congreso del Estado.
En el caso de los poseedores de los certificados bursátiles de la deuda conocidos como tenedores, consideró importante que haya mayor claridad en el asunto, hay opacidad “no necesariamente de este gobierno sino en anteriores administraciones porque nunca supimos quiénes eran los tenedores de la deuda y eso se presta a malas interpretaciones y a que se diga que puede ser algún exfuncionario o exgobernador, se han dicho muchas cosas pero mientras no conozcamos la información real no se puede asegurar nada”.
Héctor Gómez Trujillo, coordinador parlamentario del PAN recordó que la deuda bursatilizada ha sido muy onerosa para el Estado, “no se ha logrado reducir porque prácticamente todo lo que se ha pagado es de intereses; con esta reestructura me parece que va a haber una reducción importante en diez o 12 años”.
El panista apuntó que el decreto aprobado por el Congreso le alcanza al Ejecutivo para reestructurar como lo está haciendo la Secretaría de Finanzas, y señaló que en el caso de posibles responsabilidades con los términos en que se efectuó la contratación en 2007 habrá que esperar los resultados de la auditoría forense que se está realizando.
“Una vez que haya un decreto pericial, contable, objetivo y fuera de filias y fobias políticas, que se determine quién es responsable y con el Sistema Estatal Anticorrupción permitirá fincar responsabilidades no sólo administrativas sino también penales a aquellos funcionarios que fueron omisos y generaron un desfalco en la entidad”.
Por su parte Ángel Cedillo Hernández, coordinador parlamentario del PRD apuntó que el Congreso debe conocer los pormenores de los términos en que se está realizando la reestructuración.
Para ello refirió que la Cámara requerirá información al Ejecutivo para conocer en qué términos se está dando la negociación con los bancos para que este tema se resuelva.
