En vísperas de vencer el plazo legal, la bancada de Morena en el Congreso local junto con dos legisladoras petistas, promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, particularmente en la porción normativa que autoriza al Ejecutivo la contratación de deuda pública hasta por cuatro mil noventa millones de pesos.
La promoción de la Acción de Inconstitucionalidad coincide el mismo día en que el Gobierno del Estado publicó la licitación dirigida a las instituciones financieras para la contratación del empréstito.
En esta ocasión Morena sí logró la suma de todos los integrantes de su bancada, incluidos los cinco legisladores que coincidentemente faltaron el día de la sesión de Pleno Legislativo en la que se aprobó el referido empréstito. Asimismo a la querella se sumaron las diputadas del PT, Breda Fraga y Teresa Mora.
En el juicio promovido se solicita la declaración de invalidez del artículo primero de la Ley de Ingresos, en la porción normativa que se refiere a los ingresos que percibirá el Gobierno del Estado provenientes por el concepto de financiamiento por un monto de cuatro mil 90 millones de pesos.
Asimismo se solicita la declaración de invalidez del artículo 26 que se refiere a la autorización del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, para la contratación del financiamiento de 4.09 mil millones.
En la querella se apunta que en ambos artículos no se respetaron las formalidades del proceso legislativo para la creación de normas, ya que se requería para su validez de la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes por tratarse de una autorización de financiamiento en términos de la legislación vigente, misma que no fue observada.
Cabe recordar que de manera irregular el Ejecutivo incrustó en la Ley de Ingresos del Estado que sólo requiere aprobación con mayoría simple, su solicitud de nuevo endeudamiento para con ello evitar la aprobación por mayoría calificada, situación que fue avalada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso, y que posteriormente se ratificaría con la votación del Pleno Legislativo vía mayoría simple.
