Redacción / @Michoacan3_0
El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad es James L. Cavallaro, asignado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó una visita de trabajo a México; estuvo presente en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” (CEFERESO No. 1), así como en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente.
La visita de Cavallaro tuvo como objetivo monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en este país, además de realizar actividades relativas a los mecanismos de soluciones amistosas y seguimiento de peticiones y casos.
Como resultado de dicho recorrido, se concluyó que en reclusorios federales y estatales de México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad y ausencia de oportunidades reales para la reinserción social.
Así mismo la CIDH, dio a conocer que en los reclusorios federales, que es donde se deberían presentar mejores condiciones físicas y más control, existe “un ambiente de extrema represión”, caracterizado por la utilización de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día”.
En su visita al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Relator observó condiciones deplorables en las celdas de castigo utilizadas, donde fijó su atención en el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones. Al respecto, una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades.
Como conclusión de su visita al Recurso Preventivo Varonil Oriente, comprobó que éste contaba al día de la visita, con una población de 12 mil 883 personas privadas de libertad, cuando su capacidad es para 5 mil 604 personas.
Según la información recabada por la CIDH, los reclusorios federales presentan mejores condiciones físicas y más control, pero también un ambiente de extrema represión. En este sentido, se caracterizan por la utilización de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día, restricción de comunicación entre internos y graves dificultades para tener contacto con el exterior.
En particular, la Relatoría recibió testimonios sobre los hechos ocurridos el 19 de septiembre del 2015 en el CEFRESO, cuando fuerzas federales de seguridad habrían ingresado y sacado de forma violenta a los internos de sus celdas, a fin de quitarles sus mini televisores y relojes personales. Esta situación, junto con otras inconformidades relacionadas con sus condiciones de detención como el prolongado encierro por 22 o 23 horas diarias en celdas que miden 2 por 3 metros en las que se encuentran dos o tres personas, habría dado pie a una huelga de hambre iniciada ese mismo día. Lo que llevó a la Comisión ha externar su preocupación con lo manifestado, que ya antes había sido dado a conocer por organizaciones de la sociedad civil, respecto de la falta de disponibilidad de información sobre esta problemática.
La Comisión Interamericana advierte que “en reclusorios federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independiente que cumpla con los estándares de independencia e imparcialidad reconocidos”.
Asimismo, resalta el uso excesivo de la prisión preventiva y la inaplicación de medidas sustantivas. En particular, en la visita a los centros realizada por la Relatoría, se recibieron numerosos testimonios de personas cuyos casos habrían excedido ampliamente el límite constitucional de dos años para la aplicación de la prisión preventiva. La Relatoría también observó que las personas procesadas y sentenciadas compartirían las mismas celdas y se encuentran en las mismas áreas comunes.
Sobre el tema, pese a que en los últimos 20 años se duplicó el espacio para internos de cárceles federales y estatales, la sobrepoblación en estos centros no baja de 25 %, lo que provoca problemas de ingobernabilidad y salud en ellos, ha dado a conocer en días pasado la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva.
La CNDH también analizó la situación de los 388 centros carcelarios del país, y concluyó que en 76 hay autogobierno de los internos, lo que quiere decir que son ellos los que deciden las normas que rigen las cárceles. Villanueva explicó que la razón de la ingobernabilidad es por la falta de personal en los centros de reclusión, pero no sólo de custodios, sino de administrativos, médicos y gente que ayude a la reinclusión social.
La visitadora de la CNDH dio a conocer que la sobrepoblación existente en 204 cárceles, asegurando que existe nulidad de políticas adecuadas en los centros penitenciarios, lo cual ha llegado a obstaculizar la reinserción a la sociedad de los reclusos, una vez que compurgan una pena.
De acuerdo con el diagnóstico de la CNDH en la mayoría de los centros penitenciarios tanto federales como estatales y municipales se imposibilita a los internos tener una vida digna, así como una correcta rehabilitación.
El informe “Análisis y Pronunciamiento respecto de la sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana” fue presentado a los gobernadores del país, la Comisión Nacional de Seguridad, así como a los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, presidentes de comisiones, defensorías y procuradurías estatales de Derechos Humanos y legisladores, quedando en espera de respuestas.
