César Vázquez / @LetraMia
Morelia, Michoacán.-El municipio de Nahuatzen amaneció sitiado por los pobladores, desde la noche del sábado estalló un conflicto entre ciudadanos y autoridades, los inconformes acusan al presidente municipal, Miguel Prado Vera, de estar ligado con el crimen organizado e imponer a los encargados de la seguridad.
Con cohetones que lanzaron al aire, un grupo de ciudadanos logró reunir a todo el pueblo frente al Palacio Municipal, los pobladores sitiaron la Presidencia Municipal y tomaron bajo su control las patrullas para entregarlas a los que ellos consideran deben ser los que se encarguen de la seguridad.
Sin embargo, a media noche un grupo armado arribó hasta la Presidencia Municipal y arremetió contra los inconformes y detuvo a cuatro personas, sólo se sabe el nombre de una ellas quien fue identificado como Roberto Rodríguez Capiz, popularmente conocido como ‘La Mojarra’, de quien no se sabe su paradero, por lo que señalan, hacen responsable al presidente municipal de lo que pueda ocurrir.
Como una forma de presión y condición para que no le ocurra nada a esa persona que el grupo armado se llevó detenido, el grupo de pobladores de Nahuatzen a su vez buscó al síndico municipal de ese municipio, al secretario y a otros funcionarios principales, a los que amagan con no liberar hasta que regresen a Roberto Rodríguez.
Otras versiones señalan que quien se llevó al habitante de Nahuatzen, no fue un grupo armado, como señalan los inconformes, sino integrantes de la Policía Indígena, adscritos al municipio de Paracho, a quienes aparentemente el presidente municipal pidió ayuda para desalojar la presidencia de Nahuatzen, lo que sólo propició que se enrareciera más el conflicto.
En estos momentos la situación sigue tensa, los habitantes de Nahuatzen amagan con tomar represalias si algo malo le llega a suceder a las personas que fueron raptadas estando en el plantón.
Asimismo, el grupo de inconformes conformó un Consejo Mayor, con el que pretenden llevar una autoridad paralela al Ayuntamiento, el cual fungiría como una especie de juez popular que vigilaría el actuar de las autoridades municipales, con las que hasta ahora están en desacuerdo.
